Es la caja, ¡estúpido!

Andrés Meirovich

Independiente de la posición política que tenga cada uno, es un hecho que en estos últimos años la economía chilena ha bajado considerablemente su crecimiento, afectando tanto la inversión como el gasto público y el consumo.

Siempre los más afectados en estas situaciones son las pymes que les venden tanto al sector público como a las grandes empresas. ¿Qué hacen estos monstruos? Sus necesidades de caja las hacen a costa de sus proveedores, pagando 3, 6 o 12 meses desfasados de los vencimientos originales.

Esto hace que ellos sigan teniendo números crecientes, mientras las pequeñas empresas están cada vez más angustiadas, sobre endeudadas y buscando aire en instituciones financieras informales. A su vez cuando las pymes tienen estos desfases no pueden pagarles a sus proveedores, que casi siempre son otras pymes o microempresas. ¿Así queremos fomentar el emprendimiento?

Hace varios años se acuñó el termino de comercio justo, que bajo la definición de Wikipedia significa “una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por los movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores.”

Otro termino que está de moda es la economía consciente, que según el diario El País de España podría definirse como “reconducir lo que hacemos en el plano económico a la esencia del ser humano”. Admitiendo la importancia y necesidad de la economía –sin la generación de riqueza es imposible todo lo demás–, la idea es que ese crecimiento no sea a cualquier precio.

Si juntamos la esencia de los términos “comercio justo” y “economía consciente” podemos llegar a concluir que lo que se requiere es sentido común en los negocios y tener una visión amplia de la economía como un ecosistema. Eso no está ocurriendo en Chile, y por consiguiente, las desigualdades aumentarán con esta crisis.

Hace unos años el gobierno propuso un pago máximo de 60 días para el estado. Gran medida, pero como somos chilenos siempre encontramos la pillería. Las instituciones se demoran en emitir la orden de compra, por lo tanto solo la pyme puede facturar después de haberla recibido. Al final del día siguen los plazos de 120 días que teníamos antes de la medida.

Ahora, ¿será posible que las empresas públicas o privadas financiadas indirectamente por el estado sigan el mismo patrón? ¿Y qué tal las empresas privadas grandes?

En este año electoral en que todos los candidatos se llenan la boca con las pymes, sería ideal que florezcan medidas concretas para apoyar al motor de Chile, y no dejando que la desigualdad aumente por injusticias de mercado (porque el grande abusa del pequeño). Las medidas debieran ir no solo a mejorar las ventas, sino que también a lo más importante que es la caja de las pequeñas y medianas empresas.

Esperemos que tanto empresarios como políticos entiendan que esta es una necesidad real, que mejora la convivencia, crea empleos y riqueza, y por sobre todo que hace que la competencia sea más pareja, sin tener que bajar a nadie de los patines.